La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) reclamó al Gobierno provincial que declare la Emergencia en Violencia de Género y garantice la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos de la provincia.

El planteo fue difundido el 4 de noviembre a través de un comunicado del gremio, en el que advirtió sobre la gravedad de la violencia por motivos de género y la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y asistencia.

Según los datos mencionados por la organización sindical, durante 2026 se registraron en Santa Fe 42 femicidios y 71 intentos de femicidio. Frente a este escenario, AMSAFE considera necesario implementar un plan provincial de prevención, protección y atención integral para mujeres y diversidades.

QUÉ MEDIDAS RECLAMA EL GREMIO

Entre sus principales demandas, AMSAFE solicita:
- La declaración de la Emergencia en Violencia de Género en Santa Fe.
- Un presupuesto específico para políticas de prevención y asistencia.
- Equipos interdisciplinarios y dispositivos territoriales de acompañamiento.
- La aplicación efectiva de la ESI en todas las escuelas.
- Formación docente permanente y presencial, junto con recursos pedagógicos para trabajar en las aulas.
Desde el sindicato señalaron que las instituciones educativas cumplen un papel fundamental en la detección, prevención y acompañamiento ante situaciones de violencia, pero remarcaron que las escuelas no pueden afrontar solas una problemática que requiere respuestas integrales del Estado. 

LA ESI COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

El gremio también insistió en que la Educación Sexual Integral permite promover vínculos respetuosos, reconocer situaciones de vulneración de derechos y brindar herramientas a niños, niñas y adolescentes.

El reclamo se suma a las acciones que AMSAFE viene desarrollando en la provincia tras el femicidio de Nancy Godoy, docente rural, y a las demandas por políticas concretas que garanticen la protección y los derechos de las mujeres.

La organización sostiene que la prevención de las violencias y el cuidado de la vida deben ser responsabilidades centrales del Estado.