La planta de Vicentin Avellaneda quedó sin luz pese a la cautelar que prohíbe cortes de servicios

La planta industrial amaneció sin energía eléctrica, a pesar de una resolución del juez Lorenzini que impide la interrupción de servicios esenciales. No hubo explicaciones oficiales y crece la incertidumbre entre los trabajadores.

La jornada del jueves comenzó con desconcierto en la planta de Vicentin en Avellaneda, luego de que se registrara un corte total de energía eléctrica en el complejo, pese a una orden judicial que prohíbe expresamente la interrupción de servicios esenciales como luz, gas y conectividad.

La medida judicial, dictada esta semana por el juez civil y comercial Fabián Lorenzini, establece que ningún prestador puede cortar los suministros, incluso ante la existencia de deudas. La resolución fue parte de la intervención ordenada sobre la empresa, con el objetivo de restablecer su operatividad y frenar la crisis financiera.

El apagón, detectado en la madrugada del jueves, afecta áreas clave del predio industrial. Según trabajadores de la planta, no cuentan con generadores suficientes para mantener el funcionamiento básico durante cortes prolongados.

Hasta el momento, ni el juzgado de Lorenzini ni la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, responsable de la provisión eléctrica, emitieron comunicados que expliquen lo sucedido.

La incógnita gira en torno a si se trata de un desperfecto técnico o de un incumplimiento deliberado de la medida judicial. Cualquiera sea el caso, podría tener consecuencias legales para la cooperativa.

“El corte contradice una orden vigente. Es un hecho grave”, afirmó un abogado cercano a la causa, quien prefirió no revelar su identidad.

El episodio se da en un contexto crítico para Vicentin, donde los interventores designados —Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg— intentan reactivar operaciones, garantizar el pago de sueldos y reestablecer relaciones con proveedores estratégicos.

La falta de energía no solo frena esa recuperación, sino que pone en duda la efectividad de la intervención judicial. Mientras tanto, los trabajadores permanecen en estado de alerta, aguardando explicaciones y una pronta restitución del servicio.