La investigación judicial que busca determinar cómo se filtró información confidencial a personas vinculadas al narcotráfico en el norte santafesino sumó nuevos elementos y amplió las acusaciones contra tres personas que permanecen detenidas.

La audiencia se realizó el martes 10 de noviembre en los tribunales de Reconquista y fue presidida por el juez penal Mauricio Martelossi. El fiscal Sebastián Galleano presentó una reformulación de las imputaciones contra los policías de la PDI Stefania Evelin Oviedo y Ariel Fernando Sena, y contra Ayelén Sabrina Leiva.

La causa tomó especial trascendencia después de que fracasara la mayoría de los 18 allanamientos realizados el 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Avellaneda. Los investigadores sospechan que los objetivos de esos procedimientos habrían recibido información anticipada.

Nuevas pruebas obtenidas de los teléfonos celulares

Según explicó el fiscal, la ampliación de las acusaciones surgió principalmente del análisis de los teléfonos celulares secuestrados y de la reconstrucción de conversaciones entre los investigados.

La investigación contempla dos líneas principales: por un lado, la presunta entrega de información sobre los procedimientos judiciales a uno de los objetivos de los allanamientos; por otro, las posibles maniobras posteriores para ocultar esa filtración y dificultar el avance de la causa.

Qué delitos se incorporaron

En el caso de los dos policías, la Fiscalía agregó las figuras de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos, amenazas coactivas, abuso de autoridad y falsificación de instrumento público.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, ambos habrían ejercido presiones sobre personas vinculadas con la denuncia para obtener un teléfono celular que contendría información comprometedora. También se investiga la presunta confección de actas falsas para justificar legalmente el secuestro de ese dispositivo.

En cuanto a Ayelén Leiva, se incorporaron las acusaciones de coacciones agravadas y encubrimiento. Los investigadores sostienen que habría presionado a testigos y procurado incorporar declaraciones falsas para desviar el curso de la investigación.

Los hechos deberán ser acreditados durante el proceso judicial y las personas imputadas conservan su presunción de inocencia.

La investigación todavía tiene pruebas por analizar

El fiscal Galleano señaló que se trata de una causa compleja, tanto por la cantidad de dispositivos secuestrados como por el volumen de información que debe examinarse.

Además, confirmó que todavía quedan numerosos teléfonos celulares pendientes de análisis, por lo que no se descartan nuevas ampliaciones de las imputaciones.

Una vez finalizada la investigación, el Ministerio Público de la Acusación deberá presentar la acusación correspondiente para avanzar hacia un eventual juicio.

La causa busca esclarecer si existió una estructura que permitió anticipar procedimientos contra objetivos vinculados al microtráfico y si hubo posteriores maniobras para encubrir esas acciones. Fuente: reconquistahoy