El Gobierno de Santa Fe endureció las medidas frente a las falsas amenazas en escuelas y anunció que buscará que las familias de los responsables afronten los costos de los operativos.

Según explicó el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, cada intervención del Estado implica un gasto estimado de entre $5 y $6 millones, que ahora se intentará recuperar mediante acciones civiles contra los padres.

La medida se enmarca en una directiva del Ministerio de Seguridad que también prevé el trabajo conjunto con la Fiscalía de Estado para avanzar en demandas, en paralelo a las causas penales.

Desde el Gobierno remarcaron que ya se realizaron allanamientos y secuestros de celulares y computadoras para identificar a los responsables, y advirtieron que, aunque muchos involucrados sean menores, las consecuencias pueden impactar en su futuro.

“El mensaje es claro: no es una broma, es un delito”, señalaron, al tiempo que pidieron mayor compromiso de las familias para prevenir estos hechos.