Cocaína en el puerto de San Lorenzo: apuntan a un decreto del Gobierno por la falta de control en los buques

La eliminación de la obligatoriedad de los serenos de buque, establecida por un decreto del Gobierno, abrió una línea clave en la investigación por el hallazgo de casi 500 kilos de droga en el carguero MV Ceci. El Ministerio de Seguridad analiza cómo se concretó el ingreso de la cocaína.

El hallazgo de casi media tonelada de cocaína en el buque MV Ceci, atracado en el puerto de San Lorenzo, encendió las alarmas del Ministerio de Seguridad, que investiga cómo fue posible que la carga ingresara sin ser detectada por los controles habituales. Una de las hipótesis que cobra fuerza apunta a una reciente modificación normativa que flexibilizó la presencia obligatoria de serenos de buque, encargados de controlar el acceso de provisiones a bordo.

El decreto presidencial 37/2025, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, transformó en optativa la contratación de estos trabajadores por parte de las navieras internacionales. Hasta entonces, los serenos debían permanecer a bordo las 24 horas mientras el buque estuviera en puerto, con funciones clave de control y reporte ante Prefectura Naval.

La investigación sugiere que la droga habría sido introducida por el lado del río mediante una lancha, posiblemente camuflada entre provisiones. “Si hubiera habido sereno, habría supervisado ese ingreso”, aseguraron trabajadores del sector en un comunicado. Denuncian además que, desde la entrada en vigencia del decreto, cientos de barcos operaron en puertos argentinos sin solicitar sereno alguno.

José C., trabajador marítimo, detalló: “El hallazgo fue por la sospecha del capitán, no por una investigación oficial. Si él no se daba cuenta, el buque salía con la droga”. Y remarcó que los serenos no solo controlan insumos, sino también el ingreso de personas, el estado de los amarres, las condiciones ambientales y hasta posibles fugas de sustancias tóxicas.

Actualmente, cerca de 500 familias se ven afectadas por la medida, que dejó sin empleo ni indemnización a los serenos. “No le costamos un peso al Estado: nuestros sueldos los paga la naviera extranjera como parte del operativo portuario”, explicaron. Y advirtieron: “No decimos que el decreto busque facilitar el contrabando, pero el error en su implementación es evidente”.

El caso del MV Ceci puso en evidencia vacíos críticos en los controles portuarios, sobre todo cuando las cámaras de seguridad no cubren el lado del río, por donde también puede ingresarse mercadería legal. La ausencia de serenos, encargados de verificar estas operaciones incluso desde embarcaciones menores, representa una debilidad que ahora el Gobierno deberá revisar en plena lucha contra el narcotráfico.